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(AAPS – Unicom).- En una acción contundente frente a la crisis sanitaria que afecta a la capital beniana, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, mediante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), notificó hoy el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra la Cooperativa COATRI R.L., tras detectarse riesgos severos de contaminación en el agua distribuida a la población.

El Auto Administrativo AAPS/AJ/AAD/68/2026 formula cargos graves contra la cooperativa tras auditorías que revelaron una gestión insostenible. El diagnóstico es crítico: deficiencias operativas extremas, baja capacidad de recaudación y una estructura financiera que compromete la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado.

La AAPS, por normativa, otorgó un plazo de diez días hábiles para descargos, pero la prioridad gubernamental es clara: garantizar que el derecho humano al agua no siga siendo vulnerado por la ineficiencia administrativa.

La directora ejecutiva de la AAPS, Liesel Ramírez, señaló que el marco legal boliviano (Constitución Política y Ley Marco de Autonomías) no deja lugar a dudas: la competencia exclusiva de estos servicios es del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

«El alcalde de Trinidad, Mauricio Barba Iriarte, recientemente posesionado, tiene la responsabilidad de encarar una solución integral y llevar la batuta para generar una gobernanza hídrica que sea sostenible y sustentable en el tiempo”, sentenció Ramírez, subrayando que la Alcaldía debe asumir el liderazgo inmediato para articular proyectos que devuelvan el agua segura a las familias trinitarias.

Un equipo de fiscalización y técnicos multidisciplinarios del Ministerio y la AAPS se encuentran desplegados en Trinidad realizando verificaciones e inspecciones técnicas permanentes. Este trabajo de campo se extendió hoy a la EPSA SAMUTRI, buscando consolidar un diagnóstico completo que permita al municipio tomar decisiones basadas en información técnica actualizada.

El proceso administrativo iniciado hoy marca un punto de inflexión: el Gobierno nacional fiscaliza, pero la conducción hacia un servicio eficiente y seguro depende directamente de la gestión y voluntad política del Ejecutivo Municipal de Trinidad, resaltó Ramírez.